Por Víctor Espíndola
Este mes de julio, Nuevo León fue sede de uno de los foros de consulta para integrar el Programa Nacional para la Igualdad del Gobierno Federal. Mujeres de diferentes sectores y grupos de población del estado participaron en un encuentro organizado por el INMUJERES para integrar propuestas a la estrategia que habrá de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres del 2019 al 2024.
La aportación neoleonesa no solo es necesaria sino obligada en tanto el adeudo histórico que todos conocemos. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en Nuevo León, y en específico la zona metropolitana de Monterrey, hay mayores niveles de intolerancia que en todo el país.
Más grave aún es el extremo al que se puede llegar por razones de género: Durante 2018 un total de 93 mujeres fueron asesinadas en Nuevo León, de las cuales en 79 de los casos el delito se tipificó como presunto feminicidio, y de esa cantidad, el 46% ciento de las víctimas fue privada de la vida con arma de fuego. En lo que va de este año, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cifra alcanza los 45 casos.
Este diagnóstico es ampliamente conocido por todas y todos, aunque parece insuficiente para convencer a las autoridades y a la sociedad en general, de que debemos apostarle a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero sabiendo las prioridades del estado, quizá una perspectiva economicista sería más persuasiva.
Señores del poder político y económico: La igualdad es rentable y Nuevo León podría incrementar su potencial económico si pone todo su empeño para llegar a ella. Según estudios efectuados en países de la OCDE y en algunos países no miembros, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo produce un crecimiento más rápido.
Datos empíricos muestran que incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlados por las mujeres, procedentes de lo que ganan ellas mismas o de transferencias de dinero, modifica los patrones de gasto en formas que benefician a hijas e hijos y por ende a la población.
Asimismo, el aumento de la educación de las mujeres y las niñas contribuye a un mayor desarrollo económico. Un mayor nivel educativo da cuenta de aproximadamente el 50 por ciento del crecimiento en los países de la OCDE durante los últimos 50 años.
Asumamos entonces que el empoderamiento económico de la mujer es un buen negocio. Las empresas se benefician enormemente al aumentar las oportunidades en cargos de liderazgo para las mujeres. Se estima que las compañías donde tres o más mujeres ejercen funciones ejecutivas superiores, registran un desempeño más alto en todos los aspectos de la eficacia organizacional.
Imaginemos. Si Nuevo León ya aporta el 7.5% del Producto Interno Nacional, ¿cuánto más podría incrementarse con verdadera igualdad de género? Hagan sus apuestas, señoras y señores. Apostemos por la igualdad.
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