El Senador de la República Víctor Fuentes Solís planteó que la industria de la vivienda y la construcción sea considerada como esencial durante la emergencia sanitaria por COVID-19, con lo que se estarían asegurando hasta 50 mil viviendas cada mes.
Durante su participación en la mesa “Atención a la Crisis en las Cadenas de Valor de la Industria”, coordinada por Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el legislador federal apuntó que la industria de la construcción reactivaría la economía de forma acelerada.
Informó que desde el Senado de la República se acordó de forma unánime pedirle a la Federación y a la Cámara de Diputados se destine un presupuesto de al menos 12 mil millones de pesos para atender la crisis en el sector.
“Con ello, estaríamos garantizando que se construyan al menos 50 mil viviendas para atender las necesidades de las familias mexicanas. El subsidio a la vivienda, eliminado por el gobierno federal, serviría para reactivar este sector”.
Asimismo, Fuentes Solís coincidió en las propuestas de Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de Juan Pablo García Garza, director de asuntos públicos de CEMEX, quienes urgieron al Consejo de Salubridad General a que la industria de la construcción sea considerada como esencial.
“De la industria de la construcción, afectada por decisiones presupuestales y desaceleración económica, dependen más de 6 millones de empleos ya que tiene un impacto en 182 actividades económicas. La solución es homologar criterios con Estados Unidos y Canadá”, expresó Ramírez Leal.
Dijo que es necesario un producto financiero de crédito con base al número de empleados inscritos en el IMSS, además de que el gobierno federal difiera el pago de obligaciones fiscales y de cuotas al seguro social. Propuso que, por ser tener la construcción capacidad económica contracíclica, deben activarse mecanismos de licitaciones públicas a través de medios electrónicos para iniciar obras en el corto plazo.
Por su parte, García Garza declaró que el Gobierno tiene la obligación de continuar con el programa de infraestructura acordado con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), incluyendo vivienda y, sobre todo, iniciar una cruzada nacional de simplificación de trámites.
“A partir de la buena fe, se puede comprobar posteriormente el cumplimiento de requisitos de las obras, para arrancar a la brevedad. La industria de la construcción podría ayudar a la economía de forma acelerada con caminos, escuelas, carreteras, hospitales”, concluyó.
