Por: Don Maqui
La ex ministra Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha salido a declarar que espera que en el 2021 la paridad, en todas las alcaldías de México, se dé y que los cargos se ocupen en un 50% hombres y un 50% mujeres.
Alguien le debería de explicar a la ministra que hace mucho que venció el término para que legalmente eso pudiera pasar y en el caso, por ejemplo de Nuevo León, el Congreso Local y la mayoría de sus diputados, e increíblemente sus diputadas, dejaron pasar la oportunidad de oro de plasmarlo en la Ley con reglas claras y definitivas sobre el caso.
Recientemente la Comisión Estatal Electoral, en un acto valiente y de plena autonomía, dictó los lineamientos que se deberán de seguir para garantizar la paridad que no se dio en la propia legislación local. El partido Acción Nacional impugnó y perdió esa acción, sin embargo, el vacío legal que queda al respecto es de tal dimensión que con una alianza se pueden derribar las posibilidades de cumplir con la paridad al total.
La buena intención de Olga Sánchez Cordero no se quita, pero es evidente que ese trabajó de la subsecretaría debió de realizarse desde hace más de dos años para efectos de que quedara establecida plenamente en la ley, y no como un simple exhorto que sirve para dos cosas: para nada y para nada de nuevo.
