Por: DON MAQUI
Los políticos en Nuevo León, y en general de todo México, tienen una deuda ancestral con las personas que tienen discapacidad de cualquier tipo, ello, porque jamás han sido suficientes las políticas públicas para atender a ese sector tan vulnerable de nuestra sociedad, no basta con tener buenas intenciones desde los poderes públicos para lograr un equilibrio para esas personas que a diario sufren las consecuencias de su propia debilidad motriz.
Son pocos casos los que destacan en realidad en la política, toda vez que, incluso, los espacios públicos siguen siendo inaccesibles para ese sector de la población que, para que nos demos una idea del impacto que tiene en la vida política del Estado, según estadísticas, representa algo así como el 6% de la población total.
Para ser ilustrativos de lo que significa ese 6%, seguramente la elección para gobernador del 2021 será ganada por quien logre más de ese porcentaje, que, en términos reales, de números de votos, representaría algo así como 180,000.
Algo que podrían hacer de una vez los partidos políticos para lograr, aunque sea por mera conveniencia electoral y rentabilidad política con ese sector de la población, es apoyarlos, pero lo dudamos, porque la insensibilidad ha sido el pan de cada día por décadas y décadas, sin embargo, la esperanza es lo último que muere, y confiamos en que los legisladores no sólo dejen en simples buenas intenciones aquello de que se incluya por obligación candidaturas para personas con discapacidad, sino que realmente propongan en distrito y alcaldías personas con esas características con posibilidades reales.
La deuda es enorme y no se ve quién quiera pagarla con los menos favorecidos de esas circunstancias.