POR: DON MAQUI

El máximo Tribunal de Justicia en el país está a punto de aprobar una Ley que fue promovida en la época de Enrique Peña Nieto, no tendría nada de malo hablar de regulación de la compra de publicidad oficial, sin embargo, nuestro país y el uso faccioso del gobierno en contratación de la comunicación social que realiza es histórico, y no ha cambiado con la actual administración de López Obrador.

Es de destacarse que el 56 % del pago de publicidad que eroga el gobierno se distribuye en sólo 10 medios de comunicación, y el restante porcentaje se distribuye en casi 300 medios más, es decir, se ve que es notorio que la publicidad tiene canales oficiales para transmitirse.

Dichas prácticas son ancestrales, y con ello, pareciera que controlan las campañas dirigidas del gobierno hacia donde quieren llevar la opinión pública, las grandes televisoras, los grandes medios de comunicación se enriquecen a base de jugosos contratos que a partir de la aprobación de la Suprema Corte tendrán licitud y ya nunca más habrá cuestionamientos sobre el tema.

La discrecionalidad que se le dará a través de la ley a esa asignación volverá aún más opaca la realidad de las noticias en México, habrá que esperar si la Suprema Corte termina por enterrar la Libertad de Expresión con esa ley, o bien si al final de cuentas deciden frenarla y dejarla sin efecto, veremos.