El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 51 de la Ley de Justicia Cívica que obliga a los propietarios de terrenos baldíos y casas desocupadas a mantenerlos limpios.
En caso de incumplimiento, los dueños podrán ser citados ante un juez cívico y enfrentar sanciones como trabajo comunitario.
La iniciativa fue presentada por la diputada Melisa Peña, destacando su impacto en la salud pública, la prevención del delito y la reducción de la contaminación ambiental.
Con esta modificación, la falta de limpieza en estos inmuebles será considerada una infracción administrativa, permitiendo a los ayuntamientos exigir su mantenimiento.
Según Peña, la medida busca reforzar la responsabilidad cívica de los propietarios, mientras los municipios redirigen esfuerzos hacia acciones más efectivas en beneficio de la comunidad.
