La defensa del Cerro de las Mitras escaló a nivel federal luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitiera un exhorto para revisar la situación legal y los permisos de ocho desarrollos inmobiliarios proyectados en el poniente de Monterrey.
El acuerdo, impulsado por la demanda de vecinos y organizaciones ambientales, solicita a dependencias de los tres niveles de gobierno que analicen la validez de las autorizaciones y el cumplimiento de las normas ambientales, urbanas y de protección civil en las faldas de la sierra.
Según lo expuesto por los habitantes, los proyectos avanzan sobre cañadas y corredores biológicos no incluidos en el polígono de protección, pese a que existen dictámenes que reconocen riesgos de deslaves, pérdida de captación de agua y afectación al hábitat de especies nativas.
En paralelo a la acción legislativa, se han promovido amparos para suspender las obras y ampliar la declaratoria de Área Natural Protegida, con el argumento de que la urbanización de más de 50 hectáreas compromete la seguridad hídrica, climática y ambiental del área metropolitana.
