La presidenta vinculó los antecedentes de los proveedores con funcionarios de administraciones anteriores, mientras la Secretaría Anticorrupción presentó señalamientos sobre presuntas empresas utilizadas para simular competencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló la existencia de una presunta red de proveedores que habría obtenido contratos relacionados con servicios electorales durante distintos gobiernos, mediante mecanismos que, según la investigación presentada por el Ejecutivo federal, permitían aparentar competencia en licitaciones.
Durante la conferencia presidencial, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso información sobre empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con la funcionaria, el grupo habría recibido contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante operaciones con el Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales.
La investigación gubernamental sostiene que distintas compañías presuntamente vinculadas entre sí participaban en procedimientos de contratación para generar una apariencia de competencia.
Buenrostro afirmó que algunas de estas empresas carecían de infraestructura o personal suficiente para realizar las actividades contratadas y que se habrían utilizado prestanombres para ocultar a los beneficiarios.
Entre las sociedades mencionadas aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México y Comercializadora JVLY.
Sheinbaum también hizo referencia a los antecedentes laborales de los empresarios durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y cuestionó la actuación de anteriores autoridades electorales.
La presidenta relacionó a integrantes de esa red con personas que actualmente participan en el partido Somos, donde también se encuentran exconsejeros electorales.
Estas relaciones y acusaciones corresponden a señalamientos del Gobierno federal; no deben interpretarse como una determinación judicial de responsabilidad de todas las personas mencionadas.
La información presentada abre una discusión sobre los mecanismos de contratación, supervisión y rendición de cuentas de los organismos electorales.
Corresponderá a las autoridades competentes determinar si las irregularidades señaladas constituyen faltas administrativas o delitos, así como establecer las responsabilidades individuales que procedan.
