Una revisión de información salarial del organismo electoral revela diferencias entre las percepciones de altos mandos y trabajadores operativos, en medio de las protestas por mejores sueldos.

El Instituto Nacional Electoral enfrenta cuestionamientos por las diferencias salariales entre sus niveles directivos y operativos, en un contexto marcado por la convocatoria a un paro de trabajadores de sus módulos de atención ciudadana.

De acuerdo con una revisión publicada por La Jornada, al menos 694 integrantes de la estructura del instituto registran percepciones brutas mensuales superiores a 100 mil pesos.

Entre ellos se encuentran consejeros electorales, directores, subdirectores, asesores, vocales ejecutivos y titulares de distintas unidades administrativas.

En contraste, al menos 20 mil 416 empleados registran ingresos de hasta 15 mil 856 pesos, con remuneraciones que en algunos puestos oscilan entre 5 mil 700 y 9 mil pesos mensuales.

El grupo de menores percepciones incluye trabajadores de módulos ciudadanos, auxiliares técnicos, operadores de equipos y personal vinculado con distintas actividades electorales.

La publicación también identifica diferencias entre los datos salariales difundidos por el propio INE y los disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En el caso de los integrantes del Consejo General, los registros consultados muestran percepciones netas que superan la remuneración presidencial. Sin embargo, los montos varían según el documento y el concepto de pago utilizado.

Para los consejeros electorales se reporta una percepción mensual bruta de 262 mil 634 pesos y una neta de aproximadamente 180 mil 829 pesos en uno de los registros institucionales citados.

Las discrepancias en las cifras hacen necesaria una revisión diferenciada de sueldos, prestaciones, compensaciones y reducciones voluntarias.

La discusión sobre remuneraciones se produce mientras el personal operativo solicita incrementos y mejores condiciones laborales.

El contraste entre ambos extremos de la estructura salarial coloca sobre la mesa la transparencia presupuestal y los criterios utilizados para distribuir las remuneraciones dentro del organismo electoral.