La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Reforma Electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea una reconfiguración en la estructura de gobiernos municipales, congresos locales y organismos electorales bajo un enfoque de austeridad y control del gasto público.
El eje central de la reforma consiste en ajustes a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con los que se establece una reducción en la integración de los ayuntamientos al fijar un máximo de 15 regidurías por cabildo en todo el país, además, se impone un límite presupuestal a los congresos estatales, que no podrán ejercer más del 0.70 por ciento del presupuesto anual de sus respectivas entidades.
En materia de organismos electorales, el dictamen contempla restricciones directas a las percepciones de consejeros, magistrados y altos funcionarios, quienes no podrán recibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal, también se eliminan prestaciones como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y esquemas especiales de retiro financiados con recursos públicos.
La reforma incorpora medidas de austeridad para el Senado de la República, al establecer una reducción progresiva de su presupuesto del 15 por ciento en los próximos cuatro años, aunque la iniciativa fue respaldada por la mayoría legislativa, el debate reflejó posturas encontradas, con argumentos a favor de la eliminación de privilegios y críticas que advierten posibles efectos en la autonomía institucional.
