Estados Unidos concretó su retiro de la Organización Mundial de la Salud tras 78 años de participación, una decisión atribuida a la administración de Donald Trump y sustentada en señalamientos de “mala gestión” y falta de independencia del organismo frente a intereses políticos, especialistas advierten que el movimiento representa un punto de quiebre con posibles implicaciones para la seguridad sanitaria global.
La separación, sin embargo, no se ha dado en términos ordenados, el organismo internacional reclama más de 133 millones de dólares por cuotas de membresía correspondientes a 2024 y 2025, un adeudo que considera una obligación legal vigente y que el gobierno estadounidense ha rechazado reconocer tras formalizar su salida.
Desde la Casa Blanca, la decisión fue defendida bajo el argumento del “fracaso de la agencia en adoptar reformas urgentes”, entre las críticas expuestas se mencionan errores durante la pandemia, como la tardía aceptación de la transmisión aérea del COVID-19 y lineamientos contradictorios sobre el uso de mascarillas, así como la falta de representación estadounidense en la dirección del organismo pese a ser su mayor contribuyente financiero.
La comunidad científica ha expresado preocupación por la pérdida de acceso directo a información epidemiológica clave, expertos alertan que, sin el canal multilateral, Estados Unidos quedará fuera del intercambio global de datos sobre brotes y cepas, incluido el de influenza para el desarrollo oportuno de vacunas, aunque autoridades federales plantean acuerdos bilaterales, persisten dudas sobre su viabilidad fuera de un marco neutral de cooperación internacional.
