El Gobierno estatal inició el mes de febrero contratando su primera deuda de corto plazo, y con la cual no es necesaria la autorización expresa del Congreso.
Esta deuda por 2 mil millones de pesos, se adquirió en cuatro contratos con tres distintas instituciones financieras, que ofrecieron tasas de interés de TIIE más 0.4 a 0.6 por ciento en una licitación que se definió el pasado jueves.
Cabe destacar que en este año, la Administración de Samuel García no tiene un tope de endeudamiento de corto o largo plazo aprobado por el Congreso, ya que al presentar un nuevo paquete fiscal está ejerciendo el mismo presupuesto del 2023.
En el caso de una deuda de corto plazo no se requiere aval del Congreso, siempre y cuando el saldo no supere el 6 por ciento de los ingresos totales del Estado antes de financiamiento, y en el caso de Nuevo León este equivale a unos 5 mil 400 millones de pesos.
Este financiamiento se puede utilizar para insuficiencias presupuestales de carácter temporal en el gasto corriente, y no se puede destinar a inversión.