En una decisión que marca un antes y un después en la historia política del país, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la extinción de diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La medida, defendida por sus impulsores como un paso hacia la “austeridad republicana” y el fortalecimiento de la centralización gubernamental, ha generado una ola de críticas por parte de especialistas, académicos y organizaciones civiles, donde nace la pregunta ¿Austeridad o retroceso democrático?

Es cierto que los organismos autónomos han sido objeto de críticas en el pasado por su supuesta ineficacia o altos costos operativos, pero su papel como contrapesos al poder ejecutivo y su independencia en la toma de decisiones han sido fundamentales para la democracia mexicana.

Bajo la narrativa de recortar “gastos innecesarios”, el Gobierno Federal ha justificado la medida como parte de un esfuerzo para optimizar recursos, lo mas preocupante es que el proceso para la aprobación de esta iniciativa ha sido cuestionado por su falta de apertura al diálogo con la sociedad civil, las audiencias públicas brillaron por su ausencia, y los debates en el Senado se llevaron a cabo en medio de un clima polarizado, donde las voces opositoras fueron minimizadas.

El paso siguiente es que la propuesta sea votada en el pleno del Senado, donde si se aprueba, la desaparición de estos organismos será un hecho, dejando un vacío que podría ser aprovechado para concentrar aún más poder en las estructuras centrales del gobierno.

La eliminación de los organismos autónomos no solo amenaza con debilitar los mecanismos de vigilancia ciudadana, sino que también envía un mensaje preocupante: en México, las instituciones que no se alinean con el proyecto del Ejecutivo pueden ser eliminadas sin mayor discusión, primero el judicial y ahora los autónomos ¿Qué sigue?