La próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entrará en debate, ya que se discutirá un tema controversial, en donde se decidirá si se avala el requisito de no tener deudas vencidas por pensiones alimentarias para acceder a cargos públicos.
Por su parte, el Ministro Alberto Pérez Dayan exhortó al Pleno de la Corte a declarar Constitucional la reforma de junio pasado a varias leyes de Yucatán, en la que se estableció el requisito de “no ser deudor alimentario moroso” para múltiples cargos, tanto de elección popular como de designación.
A su vez, la Comisión de los Derechos Humanos sugirió a la Corte invalidar la reforma, por considerar que este requisito viola los derechos a la igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público, de libertad de trabajo y a ser votado.
“Es notable la ausencia de un examen de relación entre las funciones que desempeñan los puestos públicos involucrados y mucho menos para las candidaturas independientes, con el incumplimiento de las obligaciones en materia familiar, que permita concluir que las funciones guardan relación con el incumplimiento de esas obligaciones en la medida en que resulte válida dicha exclusión”, afirmó en su demanda la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Dicha postura desató fuertes críticas de organizaciones civiles y activistas contra la ombudsperson, quien en agosto tuvo que salir a defenderse, y puntualizó que inhabilitar a deudores alimentarios morosos para que accedan a un cargo público, es contraproducente, pues impide que obtenga recursos para cumplir sus obligaciones.
