La Diputación Permanente del Congreso local exigió, por unanimidad, al Gobierno del estado la entrega inmediata de recursos a los organismos no gubernamentales que, de acuerdo con los legisladores, mantienen adeudos pendientes por parte de la administración estatal. Durante la sesión celebrada este miércoles, los diputados señalaron que no existe justificación para que el gobierno incumpla con el pago establecido por ley, en un llamado dirigido directamente al gobernador Samuel García Sepúlveda y al secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz.
Al hacer uso de la tribuna, la presidenta del Congreso local, Itzel Castillo Almanza, señaló que en total son 143 los organismos afectados por el retraso en la entrega de estos recursos, cuyo adeudo asciende a aproximadamente 317.5 millones de pesos. “La Diputación Permanente exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Samuel García y de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, para que implementen las acciones administrativas necesarias para garantizar la entrega inmediata de los recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de evitar la suspensión de programas que benefician a miles de personas en Nuevo León”, expresó la legisladora panista.
Castillo Almanza añadió que se solicitó también a ambos funcionarios informar al Congreso sobre el estado que guarda la entrega de los recursos correspondientes a los años 2025 y 2026. “Se les exhorta también a que informen a esta Soberanía el estado que guarda la entrega de los recursos correspondientes de los años 2025 y 2026, especificando las causas que han originado el retraso en su entrega y las razones por las cuales, a la fecha, no se ha realizado la ministración de dichos recursos, pese a encontrarse aprobados en la Ley de Egresos del Estado”, indicó.
La presidenta del Congreso local criticó además que la administración estatal esté condicionando la entrega de estos recursos a las organizaciones, al señalar que se les está solicitando un reporte completo de cada peso utilizado desde el año 2021, lo que, a juicio de la legisladora, representa un obstáculo adicional para la ministración de los fondos correspondientes
