POR: EL FISCAL DEL CONGRESO

La hipocresía política no conoce límites y, en esta ocasión, Carlos de la Fuente, líder del PAN en el Congreso de Nuevo León, pretende vendernos la idea de una verificación vehicular obligatoria, pero gratuita, una propuesta que, de tan absurda, solo puede explicarse como un intento descarado de engañar a la ciudadanía con promesas populistas imposibles de cumplir.

A simple vista, el panista se viste de ambientalista preocupado, pero cuando rascamos un poco la superficie, su iniciativa huele más a oportunismo electoral que a un verdadero compromiso con el medio ambiente, no sólo es financieramente inviable, sino que además representa una afrenta directa contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y una trampa económica que terminará asfixiando a los mismos contribuyentes a quienes, con una sonrisa falsa, dice querer ayudar.

UN ASALTO DISFRAZADO DE LEY

La propuesta de De la Fuente impone una obligación sin costo aparente, pero todos sabemos cómo terminan estos cuentos: primero gratis, luego con tarifa, no hay en el mundo una política de este tipo que haya logrado sostenerse sin terminar afectando el bolsillo de los ciudadanos, ¿Quién pagará la infraestructura, los empleados, los equipos de medición, el mantenimiento y la burocracia que vendrá detrás?, con toda seguridad, los automovilistas, que hoy son engañados con la promesa de gratuidad y mañana recibirán la factura con intereses.

Y aquí es donde viene lo peor: la imposición de la verificación obligatoria violenta flagrantemente derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES: UNA ABERRACIÓN JURÍDICA

1. Violación al derecho de propiedad (Artículo 14 y 16 de la Constitución Mexicana)

Imponer la verificación vehicular obligatoria significa que el Estado se atribuye la facultad de restringir el uso de un bien privado –el automóvil– bajo criterios arbitrarios y sin ofrecer garantías claras a los ciudadanos. El principio de seguridad jurídica queda pisoteado, pues se pretende imponer un régimen sancionador sin justificación suficiente y con medidas desproporcionadas.

2. Atentado contra la libertad de tránsito (Artículo 11)

Condicionar el uso de un vehículo a una verificación gubernamental es una restricción inaceptable a la libre circulación de los ciudadanos. No se trata de una regulación razonable, sino de una imposición que, de facto, convierte el derecho de movilidad en un privilegio sujeto a los caprichos de una burocracia incompetente.

3. Afectación al principio de proporcionalidad (Artículo 22)

La obligatoriedad de esta medida impone una carga desproporcionada sobre los ciudadanos sin demostrar su efectividad en comparación con otras estrategias ambientales. ¿Por qué castigar a los automovilistas cuando el grueso de la contaminación proviene de la industria? Aquí lo que se busca no es mejorar el aire, sino generar una red de controles que en el futuro pueda convertirse en una nueva fuente de recaudación.

UNA FARSA AMBIENTAL SIN SUSTENTO CIENTÍFICO

Para colmo, el argumento de que los automóviles son los principales contaminantes es falso y manipulador, los estudios han demostrado que en estados con alta actividad industrial, como Nuevo León, las emisiones vehiculares representan una fracción menor del problema en comparación con las industrias, que en su mayoría operan con regulaciones laxas y con complicidad de las mismas autoridades que ahora pretenden fiscalizar a los ciudadanos de a pie.

¿O acaso De la Fuente está dispuesto a exigir una regulación igual de estricta para las grandes empresas que vierten toneladas de contaminantes al aire y al agua?, No, claro que no, es más fácil y políticamente rentable hacerle creer a la gente que el problema es su coche, mientras se protege a los verdaderos responsables de la contaminación.

EL VERDADERO OBJETIVO: UN NEGOCIO ENCUBIERTO

Esta iniciativa tiene todo el sello de una estafa bien planeada: primero la gratuidad, luego la imposición de costos, después multas por incumplimiento y, finalmente, la privatización del servicio en beneficio de algún grupo empresarial “cercano” a los legisladores, ya hemos visto esta película antes y siempre termina igual: con el ciudadano pagando la cuenta.

Si de verdad quisieran mejorar la calidad del aire, empezarían por regular a las empresas contaminantes, incrementar el transporte público limpio y adoptar políticas basadas en evidencia científica, pero claro, eso no genera titulares ni votos tan rápido como una mentira bien empacada.

Este es el verdadero rostro de la política hipócrita: una propuesta populista disfrazada de progreso ambiental, cuando en realidad es una emboscada contra los ciudadanos, y lo peor es que, si no se le pone un alto, esta trampa legal será solo el principio de un nuevo saqueo disfrazado de ecología.

Los neoleoneses deben abrir los ojos y rechazar este intento de sometimiento disfrazado de preocupación ambiental, no es una solución, es un negocio, no es una política ecológica, es una extorsión, y como toda farsa, tarde o temprano se caerá.