Un Tribunal Colegiado ha ordenado la suspensión de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta que un juez de Distrito decida sobre la suspensión definitiva solicitada por la Fundación Iris.
La queja de la Fundación, en defensa de los derechos humanos, fue declarada fundada por los magistrados, quienes consideraron que la publicación de la reforma podría causar daños irreparables.
En consecuencia, decidieron modificar la resolución del juez y otorgar a la asociación la medida cautelar solicitada, prohibiendo la discusión y aprobación de la reforma tanto en el Congreso como en las legislaturas estatales y locales.
El Tribunal también rechazó la petición de la fundación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerciera su facultad de atracción, argumentando que el análisis de la suspensión provisional debe resolverse en un plazo de 48 horas.
Según el penalista Juan Velázquez, existe una alta probabilidad de que el gobierno federal ignore la suspensión y publique la reforma, lo que podría conllevar consecuencias legales graves para las autoridades responsables.
