La Constitución es clara y contundente, la educación estará a cargo del Estado, sin embargo, la incapacidad gubernamental histórica en este país ha llevado cada servicio que le compete a las esferas de gobierno a concesionarlo.

Cada servicio es una oportunidad de deslindarse de la responsabilidad del gobierno y ejemplos tenemos muchos, la recolección de basura, las luminarias, el rastro, los servicios públicos e incluso algunos temas de seguridad pública.

Hasta ahí todo en orden, finalmente el estado hace lo que le da la gana siempre y decide arbitrariamente que hace y que no hace de acuerdo a su obligación constitucional.

Pero en las condiciones actuales de pandemia y crisis médica que atravesamos, han sobrevenido otras problemáticas para muchos padres de familia que han puesto en la educación privada que el gobierno tiene a bien ceder a los particulares, la esperanza de mejorar la calidad educativa de sus hijos.

Pero al igual que muchos mexicanos la falta de trabajo o la disminución de su salario o incluso la pérdida del negocio personal ha obligado a los padres de familia a recurrir a los colegios y escuelas privadas a buscar un apoyo en medio de la crisis, sin embargo, en la mayoría de los casos se han encontrado con que la escuela en turno se niega a recortar los pagos pendientes al sostener que no es su problema (y en cierta medida no lo es) pero desconcierta la poca solidaridad de quienes se han enriquecido a cargo del padre de familia que busca mejor educación para sus hijos, es imposible creer que no sean solidarios con “sus clientes” nadie conoce un dueño de escuela privada pobre, al contrario se han enriquecido con la “licencia” que les otorgó el gobierno para lucrar con la educación.

A nuestro correo nos llegan recibos de pagos dependiendo de cada escuela privada que en suma de acuerdo al alumnado dan cifras estratosféricas de ganancias que ya quisiera cualquier empresa de mediano pelo generar, no se espante amigo maquilector, pero hay escuelas privadas que sus ganancias netas son de millones de pesos mensuales, si, leyó usted bien, millones de pesos, eso no es problema, el asunto es la falta de solidaridad con sus estudiantes en plena crisis.

El problema es que el gobierno se desentiende del tema y no pone mano firme en generar un acuerdo entre padres y dueños de escuelas privadas, se hacen como que no ven y olvidan que su obligación constitucional es poner alto a cualquier práctica que atente contra la ciudadanía y les guste o no las escuelas privadas se rigen con sus órdenes.

Por ello, es aberrante escuchar al titular de Profeco decir, en relación a descuentos sobre escuelas privadas “no podemos hacer nada” es un acuerdo entre padres y directivos se le olvida lo establecido en el artículo 10, que señala que toda la educación incluyendo a los particulares es un SERVICIO PÚBLICO, por ende, de su competencia.

Maldita sea, con esa ignorancia o complicidad no se puede gobernar, que alguien le avise a ese genio del Gobierno mexicano que es responsabilidad del Estado supervisar y controlar la educación privada y a el mismo Ricardo Sheffield que alguien le explique que desde el momento que se pagan cuotas (algo que no es obligatorio) y se aceptan reglas la situación se vuelve comercial y por tanto él y solo él está obligado a vigilar que las condiciones de ese “mercado” se cumplan y si no se cumplen entonces debe intervenir, pero que no diga lo que declaró, porque se ve mal, pareciera proteccionista de negocios como las escuelas privadas.

Esperemos que el olvido de los señalado en el artículo 3o Constitucional, no les traiga consecuencias ya que, es claro que si se siguen dichos lineamientos podrían retirar la validez oficial de una escuela particular con la mano en la cintura y ni las cuotas deberían de cobrarse, algo que últimamente parece se pasan de largo.

Incluso en Nuevo León ya preparan una lista de aquellas instituciones que, si han sido solidarias con las familias para reconocer su labor, mientras que se exhibirá a aquellas que no, así que si en el siguiente ciclo escolar ven bajas en su curricula, no se preocupen solo son las consecuencias de sus actos.

Por ahora veremos si el gobierno es capaz de frenar los abusos de escuelas privadas que mantienen sus cuotas intactas y se niegan a la solidaridad con los padres.

Si no recapacita el gobierno, es evidente que el asunto da para emprender acciones legales contra el propio gobierno por desatender una básica de su configuración: La educación estará a cargo del estado.

Avisados están y a los padres de familia les decimos, no se dejen que aún que pareciera están condenados a los abusos, hay esperanza de exigir pagar lo justo en relación a la suspensión de clases.

Sigan haciéndonos llegar sus quejas que las canalizaremos a Educación y pronto daremos el Top de las incumplidas y poco solidarias en Nuevo León.