Luego de una audiencia de casi 23 horas, récord en el sistema penal oral acusatorio, esta mañana un Juez Federal rechazó la vinculación a proceso de Juan Collado por un presunto fraude fiscal de 36 millones de pesos en impuesto sobre la renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal del 2015.

Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fundamentó su decisión debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció los datos de prueba pertinentes para iniciarle el procedimiento penal a Collado.

“Determinaron que no era procedente vincular a proceso, al considerar que no había los elementos suficientes para considerar que había la omisión de un impuesto, presentamos dictámenes periciales y confrontamos las desahogadas por la Fiscalía… siempre cabe la posibilidad de que en las cuestiones contables pueda existir un error y desde luego el licenciado estará abierto a que, si en algún momento hubo algún error, se pueda corregir”, dijo Javier López, abogado de Collado.

Previamente a la audiencia, el litigante había declarado que de ser necesario ofrecerían a la Secretaría de Hacienda un acuerdo para pagar cualquier posible omisión, sin embargo, no fue necesario, ya que la imputación la libraron por falta de elementos y no porque haya logrado un acuerdo con el fisco.

Las Autoridades judiciales informaron por separado que el Juez Ramírez Benítez resguardó el derecho de la FGR para reiniciar de nueva cuenta la investigación, por lo que eventualmente la Fiscalía podría volver a imputar el mismo asunto.

Este es el primer fallo adverso que recibe la FGR respecto a los asuntos que ha imputado ante los tribunales contra quien fuera el abogado del ex Presidente Carlos Salinas.

De las tres imputaciones que ha presentado, la Fiscalía ha logrado procesarlo en dos (en una de ellas el juez reclasificó el delito) y Collado ya libró una.

Uno de sus procesos es por lavado de dinero y delincuencia organizada (este último un delito que contempla la prisión preventiva de oficio), por la supuesta simulación de la compra del edificio de la Caja Libertad en Querétaro, operación por la que habría recibido 24 millones de pesos.

Otro de los procesos, iniciado esta semana, es por el delito de fraude específico y está relacionado con las supuestas maniobras legales para archivar una investigación que le permitió reclamar el descongelamiento de 76.5 millones de euros que tiene depositados en Andorra.