La Fiscalía General de la República (FGR) por fin pudo formular imputación y solicitar la vinculación a proceso de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas, debido a un desvío de más 186 millones de pesos en lo que fue y se conoce como “la estafa maestra”.
Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución,
comparecieron ante un Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalpa, Chiapas.
La audiencia se realizó luego de seis largos meses de haber sido solicitada, esto debido a aplazamientos en varias ocasiones por la suspensión de actividades, el “contagio” de Covid-19 de uno de los imputados y aunque no lo crea, por las fallas de un micrófono en la sala judicial; después de tantas vueltas, por fin solicitaron la vinculación para ser enjuiciados.
Los desvíos que se les atribuyen supuestamente se llevaron mediante cuatro convenios específicos firmados en octubre de 2015 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, y asciende a una cantidad total de 186 millones 113 mil 374 pesos.
La Fiscalía señaló que existió una distracción de los recursos, luego de que la UPCH subcontratara los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por 81 millones 642 mil 800 pesos.
Esta compañía habría sido contratada sin prestar un solo servicio y los investigados habrían incurrido en el delito de peculado cuando tomaron la decisión unilateral de que la universidad se quedara con los otros 104 mdp con los cuales adquirieron una solución tecnológica llamada Big Data y dos camionetas del año. Según la formulación de imputación, la empresa proveedora realizó la misma jugada con otras cuatro compañías que habrían distribuido los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.
