El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial del Estado se sumó al enfrentamiento de nueva cuenta entre el Estado y el Congreso local al otorgar a éste una suspensión de amparo y ordenar al Gobernador Samuel García presentar de inmediato su propuesta de Ley de Egresos para el 2023 para que el Legislativo lo analice y dictamine. A su vez, el tribunal señaló que se podría poner en riesgo la gobernabilidad del Estado y puntualizando también que se causaría un daño irreparable a la entidad, pues no podría aplicarse en el 2023 el mismo Presupuesto de Egresos del 2022, como pretende el Gobernador, pero tampoco una modificación a éste. Cabe destacar que en la resolución se estipuló que García y el Tesorero estatal, Carlos Garza, no pueden ser omisos en la presentación del Presupuesto. La suspensión la emitió el presidente del TSJ y del Poder Judicial, el panista Arturo Salinas, y responde a una controversia de inconstitucionalidad interpuesta por el también panista Mauro Guerra, presidente del Congreso. “Atendiendo a las circunstancias y características particulares del caso”, establece el resolutivo, “se concede la suspensión de los actos impugnados, en los términos siguientes: (para que) cesen los actos de omisión por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y de inmediato presente el Presupuesto de Egresos para el año 2023. “(Que) cesen los actos de omisión por parte del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, y de inmediato presente el anteproyecto del presupuesto de Egresos para el año 2023. “Apercibido de que, de no cumplir con la presente medida”, advierte, “se pondrá en riesgo la gobernabilidad y el estado de derecho del Estado de Nuevo León, ante la imposibilidad constitucional de aplicar el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022; pues conforme a lo dispuesto por el artículo 96, fracción IX de la Constitución, se entiende que corresponde a una competencia del Congreso”.