La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México compartió que determinaron el acuerdo para que las personas que tengan adeudos respecto a los pagos de las pensiones alimenticias fueran sancionados y se les apliquen cargos públicos.
Durante el Pleno de la SCJN los funcionarios por mayoría de votos aceptaron la nueva reforma, la cual implicará cambios bruscos e ideas distintas en diversos estados.
Uno de los estados que fue afectado tras la aprobación de las sanciones fue Yucatán, ya que dentro de sus reformas vetan de cargos de elección popular y por designación a personas que “no han pagado en tiempo las obligaciones alimentarias a las que están sujetos”.
Esta es la primera vez que la medida se aplica a candidatos a un cargo público de elección popular, pero también incluye a aspirantes a ser titulares de dependencias públicas y la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Tan solo se registraron 11 votos en contra por parte de los Ministros que conforman la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asegurando que al aprobarse lo anterior descrito, se estarían violentando los derechos a la igualdad y no discriminación.
