En el marco del Día del Maestro, la diputada Marisol González, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 63 y 72 de la Ley de Educación del Estado, el objetivo es garantizar que las y los docentes cuenten con herramientas actualizadas y pertinentes para atender a estudiantes con condiciones del neurodesarrollo, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el TDAH y otras formas de neurodivergencia.

“Sabemos que en los salones de clases hay de 1 a 4 niños que tienen algún trastorno de neurodiversidad, ya sea TDA, ya sea autismo, entre algunos otros, y los maestros, la mayoría no están aún capacitados para poder atenderlos”, señaló González.

La propuesta contempla impulsar programas de formación continua y especializada para personal educativo, así como coordinar acciones con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y aprovechar el nuevo centro del autismo en construcción.

“Lo que estamos proponiendo es que, en colaboración con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, con este nuevo centro del autismo que se está creando, que ahorita se está trabajando en la infraestructura, pues puedan coadyuvar para poder capacitar a todos los maestros de Nuevo León”, explicó.

Además, la iniciativa busca establecer convenios con universidades, centros de investigación y organismos especializados que permitan al magisterio acceder a estudios de posgrado, diplomados o programas acreditados en temas relacionados con la neurodivergencia.

“Actualmente, más del 15% del alumnado podría presentar alguna condición neurodivergente. Sin embargo, el sistema educativo opera todavía bajo modelos rígidos que no contemplan las distintas formas en las que niñas, niños y adolescentes aprenden y procesan el mundo”, subrayó la legisladora.

Entre los beneficios esperados destacan aulas más accesibles y equitativas, la reducción de barreras estructurales y actitudinales, y una mejora general en la calidad educativa inclusiva.

“Educar desde la diversidad no es una concesión: es una obligación ética, legal y pedagógica”, finalizó la diputada.

La propuesta se alinea con el Artículo 3° de la Constitución, la Ley General de Educación y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.