El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, generó polémica al utilizar una toga con modificaciones respecto al diseño oficial, lo que contraviene el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1941 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, dicho decreto establece de manera explícita el uso obligatorio de la toga magisterial, confeccionada en seda mate negra con cuello, vueltas y puños de seda brillante negra, normativa que rige hasta la actualidad.
El impacto de esta alteración va más allá de la apariencia, pues implica un cuestionamiento al principio de legalidad administrativa, aunque el uso de una toga distinta no afecta la validez de las resoluciones judiciales, sí representa un incumplimiento de una disposición normativa vigente, la toga es parte de la investidura oficial y los ministros, deben acatar las reglas que regulan su protocolo institucional.
Otro aspecto clave es la igualdad y uniformidad, la toga idéntica para todos los ministros simboliza la imparcialidad y neutralidad de la Corte, romper con esta homogeneidad podría interpretarse como un acto de personalización indebida en un cargo que representa al Estado, no a la individualidad de sus integrantes, dejar abierta la puerta a variaciones en el atuendo judicial debilita la imagen de uniformidad que transmite autoridad y respeto.
La toga no solo es una prenda, sino un símbolo de solemnidad e institucionalidad, alterar su diseño puede percibirse como una falta de respeto a la tradición judicial y a la investidura que reviste a los ministros, además, este precedente abre la posibilidad de que cada integrante adapte la vestimenta a su gusto, con el riesgo de erosionar la identidad colectiva y la solemnidad que caracteriza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
