Por unanimidad, con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, el dictamen, que busca establecer la persecución de oficio de este ilícito y homologar sanciones en todo el país, fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Durante la sesión, el legislador morenista Leonel Godoy advirtió que el delito de extorsión ha aumentado 58 por ciento en los últimos seis años, al pasar de un promedio de 19 casos diarios en 2018 a 29 en enero de 2025, “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las principales modalidades, presionando desde pequeños comercios hasta la ganadería y la agricultura”, subrayó.
Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez denunció que en los primeros diez meses del actual gobierno se registraron 9 mil 21 casos, cifra superior a la de los mismos periodos de administraciones anteriores, “la extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar”, acusó al destacar el impacto directo en miles de familias mexicanas.
El priista Alejandro Domínguez recordó que, según la Encuesta Nacional de Victimización 2023 del INEGI, el 97.2 por ciento de las víctimas no denuncia por miedo y desconfianza, la iniciativa presidencial enfatiza que una de las principales barreras para combatir este delito ha sido la disparidad en las penas establecidas por los códigos penales federal y estatales, lo que hace urgente la homologación que ahora permitirá esta reforma.
