El Gobierno del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa firmaron un convenio que tendrá como finalidad proveer de la asistencia de un defensor público a presuntos responsables que tengan un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra.
“Creo que va a continuar agilizando las posibilidades de accionar en el gobierno, tanto del Gobierno con la ciudadanía, como de la ciudadanía con el Gobierno. Nosotros dentro del gobierno tenemos una ´autopista´ y una de esas carreteras es la que da la cara al público”, comentó Manuel González, Secretario General de Gobierno.
Con este convenio se busca proveer de una defensa digna y adecuada que no solo complemente la función jurisdiccional, sino también que se traduzca a una tutela judicial efectiva donde se tomen en cuenta las garantías y derechos fundamentales de las personas que enfrentan un proceso de responsabilidad administrativa.
“Esta nueva relación que habrá entre la Defensoría de Oficio y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está dentro de ese rubro, de esa carretera que le da la cara al público y que ayuda al ciudadano en su tramitología”, aseguró González.
Así mismo, ambas partes, en cumplimiento del convenio, deberán determinar las bases y mecanismos operativos para coordinarse y ejecutar los programas, estrategias y actividades de defensoría pública, tutela jurisdiccional efectiva, investigación y difusión de la cultura anticorrupción desde una perspectiva que obre dentro de su competencia y facultades.
