El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, presentó un programa de 12 acciones para mejorar los servicios médicos y las condiciones laborales de los trabajadores, con una inversión de 11 mil 745 millones de pesos que se ejercerá durante los próximos 120 días, el anuncio se realizó durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde el funcionario explicó que la estrategia surgió del diálogo directo con el personal de hospitales y unidades médicas para identificar necesidades operativas.
Uno de los principales componentes del plan será el aumento salarial del ocho por ciento para aproximadamente 504 mil trabajadores en activo, luego de que se aprobara elevar el incremento inicialmente previsto de 6.8 por ciento, el ajuste contempla cuatro por ciento al salario tabular y otro cuatro por ciento correspondiente a la ayuda para renta, de acuerdo con Robledo, la modificación representa un esfuerzo presupuestal adicional de 5 mil 229 millones de pesos y busca contribuir al poder adquisitivo del personal del Instituto.
La estrategia también contempla otorgar plazas de base a 10 mil 939 trabajadores que actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contrataciones temporales bajo el esquema conocido como código 08, entre quienes recibirán la basificación se encuentran 6 mil 363 trabajadores de enfermería, mil 439 médicos y 673 camilleros, además de personal de higiene y limpieza, almacén, ventanilla, conservación y otras áreas, para esta medida se destinarán 3 mil 140 millones de pesos.
En materia de servicios, el IMSS prevé utilizar los recursos para fortalecer la operación de sus unidades médicas mediante nuevos esquemas de contratación, compra directa de equipos de anestesia, cambios en la prestación de hemodiálisis, diálogo con proveedores y reducción de la subrogación de servicios, Robledo señaló que el conjunto de acciones busca atender necesidades identificadas por el personal y mejorar la capacidad de atención a los derechohabientes, mientras el Instituto deberá desarrollar las medidas dentro del plazo anunciado de 120 días y dar seguimiento a los compromisos laborales y operativos.
