El Congreso de Nuevo León pidió recurrir al Tribunal de Disciplina Judicial para que se investigue a Tania Virginia Neri Borjas, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, luego de que otorgó una suspensión provisional al gobernador Samuel García Sepúlveda contra el juicio político que enfrenta por presunta triangulación de recursos públicos a despachos jurídicos vinculados a su familia.
La medida cautelar, concedida el miércoles dentro del juicio de amparo 875/2026, impide que la Comisión Anticorrupción y el Pleno del Congreso dictaminen o voten el procedimiento hasta que se resuelva el fondo del amparo, aunque permite que las etapas procesales continúen, lo que en los hechos frena la votación definitiva que podría sancionar al mandatario estatal.
Diputados de Morena, encabezados por Anylú Bendición Hernández, señalaron que la jueza fue promovida por el Ejecutivo en la elección judicial de junio de 2025 mediante “acordeones”, acusaron conflicto de interés y solicitaron que la Dirección Jurídica del Congreso analice acciones legales, pues consideran que se obstaculiza el contrapeso entre poderes y se entorpece el trabajo de la Comisión Anticorrupción.
La solicitud de juicio político fue presentada el 12 de junio por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, por el presunto desvío de recursos de las arcas estatales, y mientras el Congreso insiste en avanzar, la suspensión deja en pausa la resolución final, abriendo un nuevo choque entre el Legislativo local, el Ejecutivo y el Poder Judicial Federal.
