Ante el avance de restricciones al uso de plataformas digitales por parte de menores en distintos países, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso abrir un “debate nacional” en México para analizar si el país debe adoptar medidas similares frente a la “adicción” a las redes sociales, iniciativa que contemplaría la realización de encuestas y consultas ciudadanas, en un contexto donde especialistas advierten que un enfoque exclusivamente punitivo podría trasladar la responsabilidad a las familias y dejar sin sanción a las empresas tecnológicas.
La discusión surge luego de que Australia se convirtiera en 2025 en el primer país en prohibir cuentas en plataformas digitales a menores de 16 años, medida que Francia replicó en 2026 al restringir el acceso a menores de 15 y ampliar la prohibición de celulares en las escuelas, mientras que en Estados Unidos gigantes tecnológicos como Meta y Google han enfrentado condenas por afectar la seguridad y la salud mental de los menores, un panorama que ha puesto el tema en la agenda pública de distintos gobiernos.
La directora de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Paulina Gutiérrez, advirtió a EFE que el “enfoque punitivo” de Francia y Australia carga la responsabilidad en las familias, limita el acceso de los menores a información útil y educativa y enfrenta problemas de verificación, señalando además que estas regulaciones excluyen el “diseño algorítmico” de las aplicaciones y terminan por “proteger un modelo de negocio”, mientras que el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hugo Sánchez Castillo, sostuvo que no es el tiempo frente a las pantallas sino los contenidos de plataformas como TikTok, Facebook o Instagram los que pueden generar conductas adictivas, pues las empresas “consideran al humano como un producto” entre los 3 y 18 años.
La directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez, calificó como “catastróficos” los efectos de esta problemática al señalar que entre 2017 y 2025 un total de 2.7 millones de mexicanos de entre 12 y 17 años fueron víctimas de ciberacoso, además de alertar sobre el riesgo de trata de personas, desaparición forzada y el reclutamiento de cerca de 400 mil menores por parte del crimen organizado a través de redes sociales y videojuegos, por lo que los expertos coinciden en que los menores deben participar en el diseño de la propuesta mexicana y esperan que ésta se aleje de una “visión adultocéntrica” que priorice la prohibición sobre la responsabilidad de las plataformas.
