A un año luego de que entró en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNDE), la Fiscalía General de la República (FGR) presentó sus primeras tres demandas bajo esta nueva normativa.

En la primera demanda, la FGR solicitó a una Jueza Federal la extinción de dominio a favor del Estado de 9.3 millones de dólares asegurados en mayo de 2018 a un grupo criminal que prestaba dinero a narcotraficantes.

La segunda consistió en la extinción de dominio de un inmueble conformado por seis lotes asegurados en el mes de marzo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, cuya ubicación fue reservada en el acuerdo del juzgado.

Y, por último, el 18 de agosto la Fiscalía reclamó un inmueble dentro de la jurisdicción del Municipio de Hopelchen, Campeche, asegurado a un narcomenudista.

Olga Treviño Berrones, Jueza Tercera de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializada en Extinción de Dominio, admitió dos de las tres demandas, los 9.3 millones de dólares y el inmueble de Holpechen, pero pidió a la FGR aclaraciones sobre el de Culiacán.

Como en todos los procesos legales, los demandados tienen derecho a exponer sus excepciones, en este caso el origen legal de los bienes, pero tendrían que litigar desde la cárcel.

Esta nueva Ley permite al Ejecutivo vender bienes incluso antes de que el Juez dicte sentencia declarando la extinción de dominio, por lo que la FGR y las fiscalías estatales la pueden aplicar sobre hechos que tuvieron lugar antes de su vigencia, como sucede con las nuevas tres demandas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó en septiembre de 2019 a la Suprema Corte de Justicia invalidar veinte apartados de la LNDE, incluida la venta anticipada, pero ese juicio permanece pendiente y no se suspendió la vigencia de la normativa.

Ciudadanos y empresas han promovido amparos para impugnar la ley, pero se han desechado, pues se considera que la LNDE no se puede cuestionar por su sola entrada en vigor, sino que es necesario un acto de aplicación en perjuicio del quejoso.