POR: EL FISCAL DEL CONGRESO
La esencia de la legislación radica en su viabilidad jurídica y en la certeza de su aplicación, sin embargo, de cuando en cuando, el Congreso se convierte en un laboratorio de ocurrencias donde se presentan iniciativas que, más que solucionar problemas, evidencian un desconocimiento alarmante del funcionamiento del Estado y del marco normativo vigente.
Tal es el caso de la propuesta del diputado José Luis Garza Garza, de Movimiento Ciudadano Nuevo, quien pretende asignar el 50% de las multas electorales a los Patronatos de Bomberos, bajo la premisa de fortalecer su operatividad, a simple vista, la idea parece loable, pero al analizarla en términos técnicos, legales y financieros, se desmorona como un castillo de naipes.
I. INCINSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD DE LA PROPUESTA
Primero, las multas electorales tienen una naturaleza sancionadora y están destinadas a cumplir una función específica: disuadir y castigar infracciones en el ámbito electoral, no son un fondo de ingresos públicos reutilizable a conveniencia de los legisladores, de hecho, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que estos recursos deben destinarse al erario público y no pueden ser reasignados discrecionalmente.
Modificar la ley para desviar estos recursos a los bomberos es, por tanto, una violación flagrante del principio de destinación específica de los fondos públicos, lo que podría generar impugnaciones por parte de los órganos electorales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, en el ámbito estatal, la Ley Electoral de Nuevo León tampoco permite la reasignación de las multas a entes privados como los patronatos de bomberos, esto significaría una clara transgresión a las normas de disciplina financiera del estado y una posible desviación de recursos de su propósito original.
II. INCONSISTENCIA TÉCNICA Y FALTA DE VIABILIDAD FINANCIERA
Si la propuesta del Diputado Garza Garza se analizara con un mínimo de rigor financiero, quedaría claro que se trata de una fuente de financiamiento volátil, esporádica y poco confiable.
1. Periodicidad Trienal: La recaudación de multas electorales tiene su punto más alto cada tres años, coincidiendo con las elecciones intermedias y generales. Esto significa que los bomberos recibirían un ingreso dispar, con años en los que las multas podrían ser mínimas o inexistentes ¿Deberán los cuerpos de bomberos esperar tres años para recibir financiamiento? ¿Cómo se cubrirán sus necesidades en los periodos intermedios?
2. Incertidumbre en la Recaudación: No existe garantía alguna de que las multas electorales generen ingresos significativos año con año, en elecciones con baja incidencia de infracciones, los recursos destinados a los bomberos serían insuficientes, dejando en el aire la continuidad del financiamiento.
3. Contradicción con el Principio de Planeación Presupuestaria: Un principio elemental en las finanzas públicas es la previsibilidad del gasto, si los bomberos dependen de una fuente de ingresos irregular e impredecible, su capacidad operativa quedará sujeta a la incertidumbre y al azar de cuántos partidos o candidatos sean sancionados en un ciclo electoral.
III. FALTA DE ALTERNATIVAS SÓLIDAS Y DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Si la intención real del Diputado Garza Garza fuera fortalecer a los bomberos, la ruta correcta no sería el atajo de las multas electorales, sino una reforma integral de financiamiento público para cuerpos de emergencia, existen mecanismos jurídicos y presupuestales más viables, como:
• La creación de un fondo estatal de emergencias, con financiamiento directo del presupuesto del estado y no de recursos extraordinarios e impredecibles.
• La asignación de una partida presupuestaria anual específica para bomberos dentro del presupuesto estatal, en lugar de depender de sanciones externas.
• El establecimiento de un impuesto especial o derechos específicos para empresas de alto riesgo que puedan beneficiarse de los servicios de los bomberos.
Pero lo que no se puede hacer, bajo ninguna circunstancia, es crear falsas expectativas en los bomberos y en la sociedad con una iniciativa que, más allá del discurso populista, es financieramente inviable y jurídicamente insostenible.
CONCLUSIÓN: UNA FARSA LEGISLATIVA
Más que una solución, la propuesta del Diputado Garza Garza es una falacia jurídica y presupuestaria, si realmente quiere fortalecer a los bomberos, que presente una iniciativa seria, con financiamiento estable y legalmente viable, en lugar de reciclar recursos que, a la vista de la ley, no existen como fuente de financiamiento.
Las buenas intenciones no bastan, se necesita técnica legislativa, conocimiento financiero y, sobre todo, respeto a la legalidad, cualquier otra cosa es mero oportunismo político.