Mientras que empresas y trabajadores se han encontrado obligadamente en la situación de apretarse el cinturón y enfrentar recortes, despidos injustificados, descuentos salariales y hasta cierre de operaciones por el efecto de la pandemia, los altos funcionarios de la burocracia no han aplicado algún plan de austeridad.
Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y los municipios del área metropolitana, ni siquiera se han planteado la posibilidad de reducir sus nóminas y sueldos.
Siendo así que los sueldos, bonos y prestaciones no han sido reducidos a pesar de que han suspendido o restringido sus actividades laborales por la pandemia del COVID-19.
Un claro ejemplo son los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que han mantenido sus ingresos mensuales brutos de 192 mil 813 pesos, sin absolutamente ningún recorte salarial.
Los mismos privilegios han prevalecido en la Fiscalía General del Estado, cuyo titular el Fiscal General Gustavo Adolfo Guerrero, percibe 156 mil 681 pesos mensuales, y en Comisión Estatal Electoral, los consejeros ganan 109 mil 720 pesos.
Asimismo, los 42 diputados que integran la cámara de diputados en el Congreso Local, perciben alrededor de 83 mil 154 pesos por mes, aun y cuando las sesiones para hacer su trabajo de legislación se han reducido considerablemente durante la pandemia.
Por otro lado, a las empresas y trabajadores les ha llovido innumerables cierres y recortes durante la contingencia, ya que, durante abril y mayo cerraron alrededor de 9 mil 984 compañías, de acuerdo con informes del IMSS, a su vez, en el mes de marzo hasta principios de junio se perdieron 94 mil empleos, según datos del Gobierno Estatal.
No se entiende como atender a la población, sin siquiera estar en el lugar de la población, ya que los que nos ‘procuran’ siguen manteniendo sus ingresos mensuales intactos, dejándolos sin ninguna preocupación por llevar sustento a sus casas, mientras que, del lado de la población, se enfrentan graves dificultades para sobrevivir; sin empleo, sin dinero, sin sustento para sus hogares y ahora, imponiendo multas para quien salga después de las 10 de la noche, toda una odisea se vive en el Estado y peor aún, sin empatía por parte de los funcionarios que procuran a la población.