El Congreso aprobó la reforma constitucional que reduce la edad mínima para ser gobernador a 28 años y para alcaldes, diputados y regidores a 18, una decisión que ya genera debate intenso entre analistas políticos por las implicaciones que tendría en la administración pública.
Especialistas como Liliana Flores, Lourdes López y Gilberto Marcos reconocieron que la medida amplía la representación juvenil en los espacios de decisión, algo históricamente limitado en los Congresos, y podría incentivar una mayor formación cívica entre las nuevas generaciones.
Sin embargo, los expertos advirtieron que gobernar exige un nivel de madurez y criterio que solo se adquiere con el tiempo, pues aunque los jóvenes hoy están más informados y conectados, la falta de trayectoria podría traducirse en decisiones con menos sustento práctico.
Gilberto Marcos señaló que no se trata de discriminar a la juventud, sino de reconocer que la experiencia de vida marca una diferencia real al momento de enfrentar crisis, negociar acuerdos y administrar recursos públicos de gran escala.
Por su parte, Lourdes López planteó que detrás de la reforma podría existir un trasfondo político distinto al discurso de inclusión, como posibles intercambios de votos en el Congreso Local para destrabar otras reformas de interés para los grupos en el poder.
