Los anterior, evitando que la relación entre obras pueda provocar multas, costo o sanción, señalando que se han registrado casos donde las empresas se prestan para realizar actividades fuera de su objetivo principal o realizar negocios fuera de la ley, que manchan injustamente la reputación de administraciones públicas.
“Esto puede provocar una crisis política, ya que el gobierno puede perder legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía si se descubre que una empresa está involucrada en actos indebidos, lo que genera descontento social, dudas, cuestionamientos y protestas.
“Por eso voy a presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas para que los entes gubernamentales puedan rescindir contratos con las empresas que puedan vulnerar a la sociedad”, aseguró.
Señaló que cuando las constructoras o empresas contratistas son vinculadas con entidades gubernamentales hay un deterioro en las finanzas públicas, además que no hay una reparación de daños.
“Es necesario que contemos con empresas más comprometidas con la comunidad, que sean socialmente responsables, que no se presten a vulnerar los recursos públicos y que se apeguen a lo establecido en los marcos normativos”, puntualizó.
