POR: DON MAQUI
Hay decisiones de gobierno que duran un trienio y hay otras que sobreviven a quienes las tomaron, la deuda pública pertenece a estas últimas, cuando un Alcalde firma un crédito o decide refinanciar obligaciones, no solamente compromete el presupuesto de su administración, también condiciona el margen de maniobra de quienes vendrán después, eso parece estar ocurriendo en Guadalupe.
Cuando Héctor García recibió el municipio, la deuda bancaria reportada rondaba los 444 millones de pesos, menos de un año después, los propios informes financieros del Ayuntamiento reportaban una deuda superior a 714 millones de pesos, es decir, cerca de 270 millones de pesos más en compromisos bancarios.
El municipio ya arrastraba una deuda importante y, en lugar de construir una ruta clara para disminuirla, hoy carga además con un nuevo financiamiento de largo plazo, el resultado salta a la vista: cientos de millones de pesos seguirán destinándose al servicio de la deuda mientras otras necesidades de la ciudad seguirán esperando recursos.
La defensa de siempre será la misma: que era un refinanciamiento, que mejoraron condiciones, que era necesario para invertir, el problema es que un refinanciamiento solamente puede presumirse exitoso cuando reduce de manera importante el costo financiero o acorta el tiempo que los ciudadanos estarán pagando esa obligación, cuando la deuda sigue acompañando al municipio durante décadas y, además, aparecen nuevos créditos, la pregunta obligada es otra: ¿Realmente mejoraron las finanzas o simplemente se recorrió el problema hacia adelante?.
Porque la deuda no desaparece por cambiarle la fecha de vencimiento, al contrario, muchas veces únicamente cambia de administración y hasta de generación de contribuyentes.
Lo verdaderamente preocupante no es el monto, sino el mensaje que envía, un gobierno con finanzas sólidas genera ahorro, incrementa ingresos propios, mejora la recaudación y encuentra espacios para invertir sin hipotecar el futuro cada vez que necesita recursos, cuando la solución recurrente termina siendo el financiamiento, la señal que reciben los mercados y los ciudadanos es que las finanzas municipales carecen del margen suficiente para sostener el ritmo del gasto, y aquí aparece la consecuencia política.
Quien gobierne Guadalupe en 2027, en 2030, en 2033 e incluso en 2036 seguirá destinando parte de su presupuesto a pagar decisiones tomadas muchos años antes, cuatro administraciones, quizá cinco, tendrán menos capacidad para decidir libremente dónde invertir porque una parte del dinero ya tendrá destino fijo antes de aprobar siquiera el presupuesto anual.
Paradójicamente, si Héctor García buscara la reelección o continuara al frente del municipio en otro período, también terminaría administrando las consecuencias de este modelo financiero, es decir, la deuda dejaría de ser solamente un problema para sus sucesores y también limitaría su propia capacidad de maniobra.
En política suele repetirse que gobernar es administrar el presente, en finanzas públicas ocurre exactamente lo contrario: gobernar también significa no comprometer innecesariamente el futuro, porque los alcaldes pasan, los discursos cambian, las inauguraciones terminan, pero las mensualidades de la deuda siguen llegando puntualmente cada año.
La verdadera pregunta para Guadalupe ya no es cuánto debe el municipio, la pregunta es si existe una estrategia real para dejar de vivir del crédito o si la costumbre será seguir heredando la factura al siguiente alcalde y, al final de cuentas, a los ciudadanos.
