La minería en México tiene detenida una inversión superior a los 11 mil millones de dólares por la falta de permisos ambientales y de agua, de acuerdo con reportes de la Cámara Minera de México y la Secretaría de Economía.
Al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se contabilizaban 176 proyectos detenidos por trámites, de los cuales 110 ya fueron resueltos y 66 permanecen pendientes, entre ellos al menos nueve de gran escala que concentran más de 12 mil 500 millones de dólares.
La parálisis afecta a estados clave como Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Baja California, donde proyectos como El Arco, San Nicolás, Camino Rojo y El Cordero esperan la Manifestación de Impacto Ambiental de la Semarnat desde 2023, pese a que representan miles de empleos y derramas millonarias.
El Gobierno federal ha señalado que cerca de 65 por ciento del rezago se ha procesado y prevé normalizar el resto hacia mediados de 2026, mientras la industria advierte que la incertidumbre por la nueva Ley Minera de 2023 sin reglamento sigue frenando la exploración y la competitividad del país.
