El día miércoles de esta semana, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra las reformas a las leyes Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas. El INE señaló que las modificaciones legislativas, que entraron en vigor el 27 de diciembre, crean condiciones que “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata”. Por otra parte, también se afirmó que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda. “La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado. “La reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, argumenta el INE.