La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió amparos a las empresas Granix y Triturados El Roble contra el cobro del Impuesto Verde establecido en la Ley de Hacienda de Nuevo León, al determinar que la disposición estatal invade competencias tributarias exclusivas de la Federación.

 

En el caso de Granix, la resolución correspondió al amparo 596/2025, mientras que el asunto de Triturados El Roble se resolvió mediante el amparo 593/2025, ambos relacionados con la constitucionalidad de los artículos 118 al 123 de la legislación estatal que contempla este gravamen.

 

Las resoluciones fueron aprobadas por mayoría de seis votos a favor y dos en contra, además de establecer la anulación del cobro para las empresas beneficiadas y la devolución de los recursos que hubieran pagado por este concepto, incluidas las actualizaciones correspondientes.

 

El fallo representa un impacto para las finanzas estatales, debido a que el monto que dejaría de recaudarse se estima en alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, mientras que este caso se suma a otro amparo concedido previamente a una empresa del sector yesero contra el mismo impuesto.