La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023, que establece restricciones para otorgar apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores a académicos de instituciones privadas, al priorizar a quienes pertenecen al sector público.
Con siete votos a favor y uno en contra, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, al considerar que la legislación busca utilizar eficientemente los recursos públicos y orientar la investigación científica hacia las prioridades nacionales y el beneficio social, aunque contempla excepciones para investigadores de instituciones privadas que cumplan determinadas condiciones.
La resolución también establece criterios para atender más de 90 amparos promovidos por investigadores que consideran discriminatorias estas disposiciones, además de avalar las reglas para otorgar becas de posgrado y apoyos para estancias posdoctorales, sujetas a condiciones específicas para estudiantes de instituciones privadas y a la disponibilidad presupuestaria.
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf votó en contra al considerar que las restricciones vulneran los derechos de los académicos, mientras otras integrantes del pleno defendieron la orientación del financiamiento público hacia proyectos de interés nacional, en un debate que también abordó la participación de dependencias militares en los órganos de gobierno relacionados con la política científica del país.
