El organismo electoral atraviesa una reestructuración de sus principales áreas administrativas, mientras continúa la revisión de funcionarios nombrados durante la gestión de la expresidenta.
El Instituto Nacional Electoral registra 30 renuncias en su estructura ejecutiva después de la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del organismo, en medio de investigaciones y cuestionamientos sobre presuntas irregularidades administrativas.
De acuerdo con información difundida este martes 3 de noviembre, 17 de las bajas corresponden a integrantes de la oficina de la expresidenta, mientras que otras afectan áreas directivas y administrativas del instituto.
Entre los funcionarios que presentaron su renuncia se encuentran Sergio Uzeta, quien encabezaba la Coordinación Nacional de Comunicación Social; Juan Manuel Vázquez, de la Dirección Jurídica, y Pablo Chirinos, responsable de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales.
También se reportaron salidas en áreas relacionadas con servicios informáticos, recursos materiales e igualdad de género.
La reestructuración ocurre después de que Taddei presentara su renuncia anticipada a la presidencia del INE, cargo que había asumido en abril de 2023 y cuyo periodo originalmente concluiría en 2032.
Su salida estuvo precedida por investigaciones periodísticas y señalamientos sobre posibles conflictos de interés y contrataciones cuestionadas con proveedores del organismo.
Estas acusaciones deberán ser esclarecidas mediante los procedimientos institucionales correspondientes y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.
Blanca Cruz García, quien asumió provisionalmente la presidencia del instituto, ha señalado que las renuncias serán revisadas para verificar la existencia de posibles procedimientos administrativos abiertos.
El Consejo General también analiza los perfiles de funcionarios que ocupan puestos estratégicos dentro de la organización electoral, especialmente en áreas relacionadas con el Servicio Profesional Electoral Nacional.
El INE sostuvo que la revisión de su estructura se realizará bajo criterios de legalidad, colegialidad y debido proceso, con el objetivo de preservar la continuidad de sus funciones.
Los cambios ocurren mientras el instituto prepara las elecciones federales de 2027, por lo que la renovación de sus cuadros directivos deberá desarrollarse sin interrumpir las actividades de organización electoral.
