Un bache se fotografía, una fuga se graba, un camión que no llega se vuelve publicación, pero hay otra falla del Gobierno que ocurre detrás de una puerta, y puede durar años, esperar justicia.

Al corte de febrero, el Poder Judicial de Nuevo León reportaba 105 mil 301 asuntos en trámite, y hay algo todavía más preocupante: desde febrero de 2022 la cifra no ha conseguido bajar de los 100 mil asuntos (Verificado).

Detrás de cada expediente no hay un número, hay alguien: una madre esperando resolver una custodia, una familia atorada en una sucesión, una víctima esperando reparación, una empresa esperando cobrar, alguien que presentó una demanda pensando que algún día llegaría una sentencia, y ahí sigue, esperando.

La discusión política normalmente termina en cuánto dinero pide el Poder Judicial y cuánto quiere darle el Congreso, pero quizá estamos empezando por el lado equivocado, primero habría que preguntarle al ciudadano: ¿cuánto cuesta un año esperando justicia? porque también eso tiene precio: abogados, vueltas, permisos laborales, ansiedad, dinero detenido, vida detenida.

Nuevo León presume industria, inversión, nearshoring, estadios, carreteras y modernidad, perfecto, pero un estado moderno también necesita algo muchísimo menos espectacular: que cuando alguien toca la puerta de un juzgado, la respuesta llegue antes de que cambie media vida.

La justicia tardía tiene un problema: puede terminar pareciéndose demasiado a la injusticia, y esos más de cien mil expedientes no son archivo, son personas esperando que el Estado termine una conversación que alguna vez les prometió resolver