El ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda cuenta con una orden de aprehensión dictada por un juez federal en Nayarit, asimismo su hija Lidy Alejandra Sandoval, lo anterior por un supuesto lavado de dinero que afecto las finanzas púbicas del estado.

El juez giró la orden de captura, luego que señalaran antecedentes como la compra de propiedades con dinero de presunta procedencia ilícita, así como su relación cercana con un exfiscal preso en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

“En ese sentido, el Juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”, afirmó la FGR.

Durante su administración a Sandoval se le relacionó con hechos como secuestros, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito entre otros.

Su hija, aparece en el mapa dado que el exmandatario presuntamente compró propiedades a su nombre, aunque ella no tuviera forma de solventar el gasto al ser estudiante de acuerdo con lo que se establece.

Debido a que el delito de lavado de dinero del que se le acusa no alcanza la prisión, la FGR podría solicitar y debatir la imposición de prisión preventiva justificada en caso de considerar un riesgo de fuga de los implicados.

Sandoval cuenta con tres órdenes más de aprehensión del fuero común, emitidas por jueces de Nayarit, por lo que la FGR consideró que solo a través de una orden de aprehensión se podría llevar a Sandoval y su hija a cumplir con la justicia, puesto que era probable no se presentaran a una audiencia de imputación, dado que cuenta con recursos suficientes y tiene contacto con un grupo delictivo.

“Por lo anterior, y con base en los mandamientos judiciales y en los procedimientos a los que haya lugar, se podrá buscar la colaboración de otras instituciones de seguridad para el cumplimiento de las órdenes, además de pedir a la Interpol emitir ficha roja para la localización de estas dos personas”, expuso la dependencia federal.

La Fiscalía de Nayarit, ha informado que el mandatario podría enfrentar una sanción de hasta 28 años de cárcel, la inhabilitación y reparar los daños causados que ascienden aproximadamente a 152 millones de pesos.