Más de 400 jueces y magistrados federales evalúan declinar su participación en el proceso electoral de 2025, en el que se elegirán a los juzgadores por voto popular tras una insaculación realizada por el Senado.
La principal razón de su rechazo es que consideran que la reforma judicial, que permite la elección popular, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y coarta su carrera profesional.
Diversos jueces han expresado que participar en una campaña electoral sería validar un sistema que consideran injusto y politizado, donde la justicia se ve comprometida al ser controlada por los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Magistrados como Bermúdez Manrique y Rosas Baqueiro, así como jueces federales, argumentan que este nuevo esquema amenaza la imparcialidad del Poder Judicial.
Señalan que se busca cooptar a los juzgadores y sancionarlos si sus decisiones van en contra de los intereses políticos.
Además, cuestionan la idoneidad del sistema de tómbola y el bajo nivel de exigencia para acceder a estos cargos.
La incertidumbre sobre el futuro de la reforma judicial está generando gran preocupación entre los jueces, quienes en su mayoría podrían declinar antes del cierre de la convocatoria.
