POR: DON MAQUI
La reciente escaramuza política entre mujeres, en particular las panistas y priistas contra las “naranjas”, es la manifestación palpable de la delgada línea que separa el uso legítimo de la denuncia por violencia política de género de la tentación de utilizarla como un arma de guerra sucia en las contiendas electorales, es tan sutil esta línea que podría desdibujarse por completo en cualquier momento y lo que hoy es un derecho de las mujeres, mañana podría convertirse en un terreno fértil para la manipulación y la revancha política.
Para entender el fenómeno, basta con observar el caso de la ex candidata vinculada a proceso penal por una denuncia presentada por la diputada panista Lily Olivares, quien acusó a Alejandra Morales de Movimiento Ciudadano, de violencia política de género.
La trama es complicada, las intenciones no siempre claras, y las consecuencias, desafortunadamente, están a la vista, Lorena de la Garza y Perla Villarreal, figuras emblemáticas de esta guerra de acusaciones, se ven “violentadas“ según el Tribunal federal por Laura Paula López de MC.
Entonces aparece la maquinaria judicial que parece aplicar la justicia de manera desproporcionada, ¿Es realmente justicia lo que se busca? ¿O simplemente el uso de la ley para aniquilar políticamente al adversario?
Lo más preocupante es la velocidad con que se han endurecido las leyes en torno a la violencia política de género, una figura legal que debería ser la excepción y no la norma, hoy, la maquinaria legislativa, celebrada por todos los colores partidistas, pone sobre la mesa la ampliación del catálogo de sanciones y lo más alarmante, abre la posibilidad de que la violencia digital sea castigada con cárcel preventiva, sí, leyó bien, cárcel preventiva si alguien considera que se le ha violentado en el ámbito digital, este endurecimiento de las normativas, que empezó siendo una herramienta para proteger a las mujeres de abusos reales, se ha convertido rápidamente en una potencial caja de Pandora, el riesgo de usar la ley para fines políticos se incrementa de manera exponencial y las protagonistas de este auge legislativo pueden terminar siendo las víctimas de un sistema que, si no se regula adecuadamente, terminará afectando a todas, sin distinción.
Y aquí entra el gran dilema, ¿Cuánto tiempo tardarán las mismas mujeres que hoy celebran la ampliación de estas leyes en ser las primeras en señalar que la justicia está siendo utilizada políticamente en su contra?, no es difícil prever que las mismas fuerzas que hoy se regodean de tener un “nuevo poder”, podrían sentirse atrapadas en la misma trampa cuando la balanza de la justicia se incline hacia el otro lado, ¿Cuántas de las que hoy festejan no serán las mismas que mañana gritarán sobre la “violencia política de género” que sufren?, la historia, tristemente, está llena de ejemplos de cómo la política se alimenta de la contradicción y el doble discurso.
Estamos ante el inicio de una nueva era en la que el insulto, la calumnia y la denigración, todo bajo el paraguas de la “violencia política de género”, se convierte en moneda corriente, y lo peor, se paga con la cárcel, se abre un campo minado donde lo que antes era un instrumento de protección, ahora se convierte en una espada de doble filo y como siempre sucede en la política mexicana, las reglas no las escriben los ideales ni las justicias, sino los intereses del momento.
El rasero que la autoridad federal ha establecido es bajo y no parece tener la capacidad de discernir entre una legítima denuncia y una maniobra política, las mismas mujeres que hoy se alzan como defensoras de esta causa podrían ser las primeras en sufrir las consecuencias de esta legislación excesiva, pero, claro, eso solo lo sabremos cuando las víctimas de la “denigración” ya estén tras las rejas.
Entonces, veremos quién será la próxima en ser devorada por el sistema, y quién saldrá a pedir disculpas, porque en esta guerra, al final, todos juegan el mismo juego sucio.
