Por: Don Maqui
La reciente resolución de la Suprema Corte sobre una legislación de publicidad oficial en Veracruz ofrece una oportunidad para discutir uno de los asuntos que la clase política mexicana prefiere mantener lejos de los reflectores: el dinero público destinado a contratar espacios en los medios de comunicación.
Curiosamente, casi todos los partidos tienen una postura muy clara cuando están en la oposición, acusan a los gobiernos de utilizar recursos para premiar simpatías, castigar críticas o construir una imagen favorable, pero cuando llegan al poder, muchos descubren las enormes ventajas de administrar esos mismos presupuestos, y entonces aparecen las explicaciones: que se necesita informar, que existen campañas institucionales, que la ciudadanía debe conocer los programas, todo eso puede ser perfectamente válido.
El problema comienza cuando no existen criterios suficientemente claros para decidir qué medios reciben contratos, cuánto se les paga y qué resultados se obtienen, Nuevo León no está fuera de esa discusión, sería interesante revisar los contratos publicitarios del Gobierno estatal y de los 51 municipios, no solamente los montos, también los proveedores, las adjudicaciones, la distribución del presupuesto y los servicios efectivamente prestados.
Porque la publicidad oficial puede cumplir una función pública legítima, pero también puede convertirse en una herramienta de influencia política cuando se administra sin transparencia, y aquí conviene recordar algo: los medios de comunicación tienen derecho a vender publicidad, los gobiernos pueden contratarla conforme a la ley, lo que nadie debería aceptar es que el dinero de los contribuyentes se utilice para condicionar la crítica o premiar la obediencia, la libertad de expresión no puede depender del tamaño de una factura.
