Por: Don Maqui
La Presa Libertad tiene todos los ingredientes de una obra pública que cualquier gobierno quisiera presumir: una inversión multimillonaria, infraestructura estratégica y la promesa de fortalecer el abastecimiento de agua para Nuevo León, pero también arrastra una historia que merece atención, la de los propietarios y ejidatarios que han reclamado indemnizaciones por terrenos afectados por el proyecto.
No es un asunto menor, cuando el Estado necesita construir infraestructura, puede encontrarse con la necesidad de utilizar terrenos que pertenecen a particulares o comunidades, existen procedimientos legales para hacerlo, y también obligaciones para compensar a quienes resultan afectados, lo que no debería ocurrir es que la obra avance mientras las personas involucradas tengan que seguir reclamando una respuesta.
Aquí no se trata de cuestionar la importancia de la presa, Nuevo León necesita infraestructura hidráulica, tampoco de desconocer los beneficios que una obra de esta naturaleza puede representar para millones de habitantes, se trata de recordar que el interés público no elimina los derechos individuales, y que una administración que presume inversiones millonarias tendría que ser especialmente cuidadosa con las obligaciones que contrae frente a los propietarios.
Sería conveniente conocer cuántos expedientes siguen pendientes, qué montos están en discusión y quién tiene la responsabilidad de resolverlos, porque la historia de una gran obra no termina cuando se coloca la última piedra, también termina cuando se cumplen los compromisos adquiridos para construirla, y esa parte difícilmente aparece en las fotografías oficiales.
