Por: Don Maqui
Hay asuntos que parecen demasiado ordinarios para ocupar las grandes discusiones políticas, hasta que alguien deja de prestar el servicio y entonces descubrimos su verdadera importancia, la basura es uno de ellos, el conflicto entre SIMEPRODE y distintos municipios de Nuevo León debería servir para revisar algo mucho más profundo que los adeudos que se reclaman unos a otros.
Estamos hablando de un sistema que depende de contratos, tarifas, instalaciones, transporte, disposición final y decisiones administrativas que rara vez llegan al conocimiento del ciudadano, los alcaldes cobran impuestos y tienen la responsabilidad de garantizar servicios públicos, el organismo estatal administra una parte fundamental del proceso de disposición de residuos, y entre ambos existe una relación financiera que debería ser completamente transparente.
¿Cuánto paga cada municipio por tonelada? ¿todos reciben las mismas condiciones? ¿qué sucede cuando alguno acumula adeudos? ¿los costos operativos justifican las tarifas? ¿quién revisa la eficiencia del sistema? esas preguntas deberían estar por encima de cualquier disputa partidista, porque sería absurdo que un servicio indispensable terminara condicionado por la relación política entre un alcalde y el gobernador, pero también sería irresponsable que los municipios dejaran de cumplir sus obligaciones financieras simplemente porque consideran que el organismo estatal no puede prescindir de ellos.
Aquí hay responsabilidades de ambos lados, y precisamente por eso convendría abrir las cuentas, Nuevo León necesita conocer cuánto cuesta realmente manejar sus residuos y si el modelo actual es el más conveniente, la basura termina en un relleno sanitario, las malas decisiones administrativas, en cambio, suelen quedarse muchos años enterradas en las finanzas públicas.
