Por: Don Maqui
Los programas sociales se han convertido en una de las políticas públicas más importantes del país, millones de familias reciben apoyos que representan una parte significativa de sus ingresos, y sería absurdo desconocer el beneficio que pueden representar, especialmente para los adultos mayores.
Pero el tamaño de los recursos destinados a estos programas obliga a una discusión que los políticos pocas veces quieren abordar: ¿cómo garantizar que puedan mantenerse durante muchos años? El proyecto presupuestal federal de 2027 contempla más de un billón de pesos para programas sociales prioritarios, una cantidad extraordinaria, y precisamente por eso necesita planeación, padrones confiables y mecanismos de evaluación, porque una cosa es entregar recursos a quienes cumplen los requisitos y otra muy distinta permitir que los programas se utilicen como instrumentos de promoción partidista.
Los apoyos públicos no pertenecen a Morena, al PAN, al PRI ni a ningún gobernante, se pagan con recursos de todos los mexicanos, y quienes los reciben tienen derecho a hacerlo sin compromisos políticos. Sheinbaum tiene la responsabilidad de garantizar su continuidad financiera, y el Congreso debe revisar que los recursos se utilicen correctamente, porque tampoco sería responsable presentar los programas sociales como un gasto que puede eliminarse sin consecuencias para millones de hogares.
Lo que corresponde es protegerlos, transparentarlos y evaluar sus resultados, porque ayudar a quienes más lo necesitan es una obligación del Estado, pero convertir esa ayuda en patrimonio político de un partido sería otra cosa, y bastante distinta.
