La Auditoría Superior (ASE) detectó montos no solventados e irregularidades en la licitación de la Cuenta Pública 2018 en la que se indica que el Estado autorizó una bolsa de 393 millones de pesos de fondos federales y estatales para instalaciones de sujetadores para el Metro y para la supervisión de los trabajos, pero no pudo comprobar.

El día de ayer trascendió en medios locales que la empresa de Ingeniería Control y Administración (INCA) recibió el contrato para la supervisión de la instalación de 80 mil 541 sujetadores, tras haber contratado al exfuncionario Héctor Villarreal Galván, a pocos meses de su salida de Metrorrey.

“Sólo se adjuntó documentación que ampara los importes correspondientes a 174 millones de pesos y 201 millones de pesos, que corresponden a los recursos provenientes de los Programas Regionales y Fondo Metropolitano 2018, no fue localizado el oficio que ampare el importe restante por 18 millones 772 mil 141 pesos”, señala la ASE.

Así mismo la ASE también señaló que el Comité de Adquisiciones que emitió la opinión del fallo no estaba facultado de acuerdo con el nivel jerárquico establecido en la normativa, ya que quienes firmaron el acta son encargados de despacho, secretarios y representantes.

Lo anterior por lo que a letra menciona el Artículo 22 Fracción VI de la Ley de Adquisiciones respecto a que el Comité debe estar conformado por vocales titulares con un nivel jerárquico mínimo de director general.