Recientemente la Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León notificó al Congreso local que no entregará las cartas de no antecedentes penales de 54 aspirantes que se registraron para ser titulares de la Fiscalía General, bajo el argumento de estar “legalmente impedida”.
Se detalló que, después del vencimiento de 48 horas para expedir los documentos que venció el miércoles, la dependencia estatal también pidió a la Comisión Anticorrupción considerar las suspensiones provisionales que ha emitido un Juzgado.
“Todas y cada una de las autoridades responsables y sus dependencias unidades administrativas subalternas están obligadas legalmente a acatar y respetar los efectos de la referida suspensión provisional.
“Nos encontramos legalmente impedidos para cumplir con lo requerido, así mismo se solicita respetuosamente tomar en consideración lo anterior para ver los efectos legales que haya lugar”, dice el documento también firmado por César Daniel Ramírez, Jefe del Estado Mayor de la Agencia.
Dentro del juicio de amparo, señala la Agencia Penitenciaria que son autoridades responsables; el Congreso y Diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, el Gobernador, el secretario general de Gobierno y la Encargada del Periódico Oficial y el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
